Por Holmes Lybrand y Tierney Sneed, CNN
Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que detenga ciertas medidas de investigación relacionadas con su búsqueda de votantes no ciudadanos, al señalar que los esfuerzos del departamento se basan en datos defectuosos que incluyen a ciudadanos estadounidenses legalmente habilitados para votar.
La jueza Araceli Martínez-Olguín escribió en la orden que es ampliamente sabido que los datos del Departamento de Seguridad Nacional, que señalan a cientos de miles de posibles votantes ilegales, incluyen inadvertidamente a ciudadanos estadounidenses y hacen que estos teman que sus nombres sean incluidos erróneamente entre los cientos de miles de personas identificadas para ser investigadas.
La orden limita específicamente las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional adopta sobre el terreno para investigar el voto de personas no ciudadanas, como la realización de entrevistas, y establece que el departamento no puede tomar esas medidas si considera que la persona investigada podría ser ciudadana estadounidense.
Sin embargo, la orden —que abarca California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin— no entrará en vigor hasta el viernes por la tarde, lo que da tiempo al Gobierno de Trump para apelar. Una vez que entre en vigor, permanecerá vigente hasta después de las elecciones intermedias.
El Departamento de Seguridad Nacional ha sido una fuerza impulsora de los intentos del Gobierno por respaldar las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre un fraude electoral generalizado cometido por personas no ciudadanas y ha intensificado sus investigaciones sobre el asunto. El nuevo fallo, aunque de alcance limitado, representa un freno notable al enfoque del organismo.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.
“Esta orden constituye una protección importante: la política actual apunta a personas que se sabe que son ciudadanos naturalizados”, declaró a CNN Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, una organización jurídica que representa a los grupos que presentaron la demanda. “Esas operaciones están prohibidas. Además, esta orden debería obligar al Departamento de Seguridad Nacional a dejar de presumir que muchas otras personas pueden ser investigadas cuando existen indicios de que son ciudadanas”.
Martínez-Olguín escribió en su orden que “lo que está en cuestión aquí es el uso de datos reconocidamente defectuosos e incompletos para crear una lista de personas a las que Investigaciones de Seguridad Nacional entrevistará en los meses previos a unas elecciones”.
La demanda contra el Gobierno fue presentada por grupos de defensa del derecho al voto y otras organizaciones, que argumentaron que las medidas del Departamento de Seguridad Nacional ya han provocado que ciudadanos estadounidenses teman votar en las próximas elecciones intermedias ante la posibilidad de que sus nombres figuren en las amplias y defectuosas listas elaboradas por el departamento.
“El interés público en unas elecciones seguras, libres de interferencia o intimidación, supera ampliamente el supuesto interés de los demandados en combatir el voto ilegal de personas que no son ciudadanas estadounidenses”, escribió la jueza este miércoles.
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